Desde hace más de cincuenta años, Colombia ha sido testigo del conflicto armado más antiguo del hemisferio occidental. En el país han muerto miles de personas inocentes que han pagado con sus vidas las injusticias de una lucha interna, caótica y muy dolorosa. 

 

La violencia a lo largo de su historia ha creado mucho sufrimiento y ha generado que cada vez sea más difícil de erradicar. Los principales responsables de esta guerra han sido el Estado, las guerrillas, los grupos paramilitares, los cárteles del narcotráfico, las bandas criminales y los Grupos Armados Organizados. En medio del combate, no existen distinciones entre civiles o miembros de la Fuerza Pública puesto que miles de personas terminan muertas, lisiadas, secuestradas, desaparecidas, torturadas, desplazadas y afectadas por diversas acciones violentas a causa del conflicto armado.

 

De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y con un reporte realizado por la Red Nacional de Información (RNI), en  2020 se inscribieron 8.944.137 personas en el Registro Único de Víctimas (RUV), de las cuales 8.553.416 eran afectados directos de la guerra.

 

En comparación con los registros de 2020, este año la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia confirmó que actualmente hay un total de 9.123.123 personas reconocidas como víctimas e incluidas en el Registro Único de Víctimas RUV. En el informe se señaló que existen 7.352.176 afectados que no cumplen con los requisitos para acceder a las medidas de atención y reparación establecidas en la ley. Por último, se determinó que se habían registrado 1.770.947 víctimas que no están activas para la atención, por motivos de muerte o porque han sufrido alguna desaparición forzosa u homicidio. 

 

Por otra parte, los miembros del Ejército Nacional de Colombia (ENC) también registraron varios casos en los que estas personas padecieron el impacto y las consecuencias del conflicto. Según El Comando General de las Fuerzas Militares, hasta  2020 se registran  374.512 integrantes de la Fuerza Pública que lograron ser acreditados como víctimas, entre estos 277.325 corresponden a integrantes del Ejército Nacional, 29.646 a la Armada Nacional, 4.551 a la Fuerza Aérea Colombiana y 62.990 a la Policía Nacional. Dentro de los hechos victimizantes, se puede encontrar que 316.008 integrantes han sido víctimas de desplazamiento forzado, 2.462 de secuestro, 24.694 de amenazas, 6.602 de minas antipersona, otros 45.908 fueron asesinados, 2.203 padecen de lesiones personales físicas, 1.411 de lesiones personales psicológicas y 622 de tortura.

 

Militares ¿Victimarios o víctimas del conflicto?

 

La mayoría de los colombianos piensan que los militares son solo victimarios del conflicto, pues en muchas ocasiones se han conocido historias en las que la Fuerza Pública ha asesinado o perjudicado directamente a una o varias personas en medio de la guerra. Sin embargo, a pesar de que en muchas circunstancias hayan ocurrido este tipo de hechos, no es ético ni moral que los colombianos no reconozcan, por ejemplo, a un miembro del Ejército Nacional como víctima directa del conflicto. 

 

Según el informe “Identificación de los miembros de las Fuerzas Militares como Víctimas del Conflicto en Colombia", realizado por el Comando Conjunto de Transición de las Fuerzas Militares y entregado a la Comisión de la Verdad en el presente año, se registran más de 354.000 soldados que han sido afectados por el conflicto, de los que  86% son pertenecientes al Ejército. 

 

También, se señaló que el delito con mayor recurrencia fue el desplazamiento forzado, pues ha dejado 270.526 soldados afectados. De acuerdo con el informe, el periodo en el que los militares sufrieron una mayor victimización fue el comprendido entre 1997 y 2005 con 132.775 registros. Por otra parte, el otro delito que produjo mayor victimización en los soldados y sus familias fueron los homicidios, con 35.791 casos entre 1964 y 2019.

 

Dentro del documento, se explica que en el departamento de Antioquia se encuentra el mayor nivel de victimización de militares. Según el estudio se expone que, "Al revisar las dinámicas del conflicto armado en estos departamentos, se logra evidenciar que el mismo conflicto —y, por tanto, la victimización de militares— se encuentra relacionado de manera directa con las actividades ilícitas de los grupos armados: narcotráfico, contrabando y minería ilegal, entre otros".

 

Asimismo, se señaló dentro de la información suministrada que también se había denunciado la ausencia de reparación a los soldados. Se especificó que, al realizarse una muestra a 108 militares, se concretó que 66% no ha recibido justicia y  80% no ha recibido ninguna reparación ni indemnización. 

 

De acuerdo con el informe, "Solo el 21,2% de los participantes indica que ha recibido la indemnización correspondiente como resultado de la victimización dentro del marco del estatuto especial laboral que se les aplica". Además, se determinó que los soldados encuestados reconocieron a las Farc como los mayores perpetradores de esos crímenes en su contra, seguidos por el ELN.

 

Pese que actualmente el gobierno colombiano reconoce a los miembros de la Fuerza Pública como víctimas del conflicto armado, en muchas situaciones no se acepta moralmente ni socialmente a los miembros del Ejército Nacional como tales. De acuerdo con una entrevista realizada por El Tiempo, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, afirmó que, “Los militares fueron víctimas del conflicto y sus familias enfrentaron difíciles situaciones por cuenta de las acciones de la guerrilla que los declaró objetivo militar”. De esta forma, señaló la importancia que tienen los informes que visibilizan a los militares como víctimas, puesto que él cree que es primordial devolver la dignidad a los soldados y sus familias.

 

Para comprender mejor quién es una víctima, según el diccionario de la Real Academia Española se define a ésta como una “Persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita. Persona que muere por culpa ajena o por accidente fortuito o una persona que padece las consecuencias dañosas de un delito”.

 

Conforme a el gobierno colombiano y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se considera como víctima del conflicto armado colombiano a “Las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de violaciones graves y manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.  En términos generales, se define como víctima a las personas que hayan sufrido un daño por hechos ocurridos como consecuencia de infracciones al DIH o de violaciones graves de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. 

 

Para ser considerado como víctima dentro del RUV, el solicitante debe cumplir las siguientes condiciones:

 

1. Ser víctima del conflicto armado en Colombia, en los términos descritos en el Artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 y sus Decretos Reglamentarios.

2. En los casos en que la solicitud haga referencia a niños, niñas y adolescentes, deberá ser adelantadas por su representante legal.

3. Haber sufrido un hecho victimizante, ocurrido en el marco del conflicto interno armado.

4. Que el hecho victimizante se haya presentado a partir del 1 de enero de 1985.

5. Que el hecho victimizante haya ocurrido en territorio nacional.

6. No haber presentado declaración por los mismos hechos previamente o bajo otro marco normativo. 

 

En Colombia, la definición de víctima ya se encuentra en diferentes normativas, entre estas, la Ley 600 de 2000, Ley 906 de 2004 y Ley 975 de 2005 (sobre el concepto de víctima de hechos punibles), la Ley 742 de 2002 (aprobó el estatuto de la Corte Penal Internacional) y en la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas y restitución de tierras).  

 

La primera vez que los militares empezaron a ser reconocidos como víctimas fue en el año 2005, cuando se aprobó la Ley 975 de 2005, conocida como la ley de Justicia y Paz. En ella se concretó que, como el resto de las víctimas, los miembros de la Fuerza Pública también debían y tenían derecho a saber la verdad y ser reparadas en caso de haber sido directamente afectados por las acciones de organizaciones armadas al margen de la ley.

 

Después se expidió la Ley 1448 de 2011, o Ley de víctimas, la cual le permitió al país avanzar en su reconocimiento y reparación. En el artículo 3, se estableció que “Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”. 

 

De acuerdo con el parágrafo 1 del anterior artículo mencionado, se establece que “Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley”. 

 

Principalmente, los militares que entraron en esta definición han sido afectados directos por varias infracciones al DIH, como los secuestros, torturas, minas antipersona y otros hechos victimizantes. Gracias a la anterior ley quedó claro que al igual que las demás víctimas, la Fuerza Pública afectada también tiene derecho a la verdad, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición.

 

A fin de entender mejor el contexto, es fundamental comprender que dentro del marco de la jurisprudencia internacional se define al conflicto armado interno como “El recurso a la fuerza armada entre Estados, o la violencia armada prolongada entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, o entre tales grupos, dentro de un Estado”.

 

En otras palabras, un conflicto armado no internacional (o "interno") hace alusión a una situación de violencia en la que en el territorio de un Estado se realizan enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas gubernamentales y uno o más grupos armados organizados, o entre grupos de esa categoría.

 

Asimismo, es primordial entender el significado que el Comité Internacional de la Cruz Roja  le da al Derecho Internacional Humanitario, pues lo define como “Un conjunto de normas internacionales de origen convencional y consuetudinario, específicamente destinado a ser aplicado en los conflictos armados, internacionales o no, que limita, por razones humanitarias, el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos (modos) y medios (armas) de hacer la guerra y que protege a las personas y los bienes afectados o que puedan resultar afectados por ella”. 

 

A pesar de que las Fuerzas Militares vienen trabajando en ejercicios de memoria histórica al interior de las diferentes instituciones; actualmente en Colombia todavía no se logra completamente visibilizar a sus víctimas ni darle voz a aquellos que desean ser escuchados, es por tal motivo que es fundamental empezar abordar la temática para así explicar la situación y dar a conocer de cerca los relatos de militares víctimas, esto con el fin de lograr retribuir y reparar simbólicamente a estas personas que han sido estigmatizadas y olvidadas dentro de la problemática.

 

Por último, es importante señalar que todas las víctimas del conflicto armado de Colombia deben gozar de las mismas oportunidades y derechos, esto con el fin de no discriminar o revictimizar a una persona o miembro de la Fuerza Pública que haya tenido que vivir las consecuencias de la guerra. Es primordial que la sociedad colombiana empiece aceptar la condición de víctima de un miembro del Ejército Nacional, esto con el objetivo de ayudar y motivar a estos sujetos a recibir una indemnización justa por la violación de sus derechos y dignidad humana en el marco de la guerra.